Senadores demócratas de EE. UU. introdujeron en el Congreso el proyecto de ley Accountability Act (S. 2058) el cual propone sancionar al gobierno de Nayib Bukele y escrutar el uso de bitcoin (BTC) en El Salvador. Esto, acusando al gobernante y varios de sus ejecutivos de corrupción, evasión de sanciones y violaciones de derechos humanos.
La propuesta, liderada por Chris Van Hollen, Tim Kaine y Alex Padilla, exige un informe detallado sobre las compras de bitcoin realizadas por el gobierno salvadoreño y, de aprobarse, ordenaría el fin de la asistencia financiera internacional al país.
El proyecto, presentado el 12 de junio de 2025, castigaría a Nayib Bukele, su vicepresidente y ministros clave con medidas como el bloqueo de propiedades en EE. UU., prohibición de visas y limitaciones a préstamos.
También activaría una investigación para determinar si por medio de transferencias de bitcoin, el gobierno de Bukele se ha involucrado en actos de corrupción o esquemas para violar derechos constitucionales en EE. UU., en supuesta complot con la administración Trump. Esto pese a que ambos sellaron una alianza anti crimen.
Como lo detalla el documento de la propuesta, en caso de que esta se convierta en ley, se activaría un plazo de 90 días, para investigar sobre los montos, exchanges y monederos en los que se almacenan los bitcoin adquiridos por El Salvador.
Los senadores estadounidenses demuestran que les preocupa el régimen de excepción que ya sido prorrogado por el gobierno en 36 ocasiones consecutivas durante los últimos 3 años. También demuestran preocupación sobre el uso de bitcoin y criptomonedas como posibles herramienta para evadir sanciones internacionales.
La iniciativa legislativa prohíbe fondos del Congreso a El Salvador hasta que Bukele cese estas prácticas, con excepciones para ayuda humanitaria.
Las sanciones perdurarían al menos cuatro años, a menos que el presidente de EE. UU. certifique el cumplimiento de normas internacionales.
Como lo ha informado CriptoNoticias, en 2021, Bukele declaró a bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, este año, el gobernante firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y desde entonces, el país centroamericano eliminó la obligatoriedad de que las empresas locales acepten BTC como medio de pago.
A pesar de las presiones FMI, El Salvador persiste en su estrategia de acumulación de bitcoin, desafiando las condiciones de un préstamo de 1.400 millones de dólares. La reciente compra de 8 BTC el 5 de julio de 2025, anunciada por la Oficina Nacional del Bitcoin, elevaron las reservas del país a 6.229 BTCvaloradas en unos 675.000 millones de dólares, consolidando el programa de adquisición diaria iniciado en 2022.
