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El nuevo plan arancelario de EE.UU. apunta a la UE y a decenas de economías por las importaciones de trabajo forzoso

La administración Trump propuso el martes imponer aranceles adicionales del 10% o 12,5% a las importaciones de 60 economías, incluidas la Unión Europea y el Reino Unido, argumentando que su incapacidad para impedir adecuadamente el comercio de bienes fabricados con trabajo forzoso supone una carga injusta para el comercio estadounidense.

La medida se produce antes de que el 24 de julio expiren los aranceles temporales impuestos después de que el régimen arancelario IEEPA de Trump fuera derogado en febrero.

Un informe publicado el miércoles por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) dijo que 54 economías, entre ellas el Reino Unido, Noruega, Suiza, Japón, India, Israel, Qatar y Arabia Saudita, no han logrado imponer ni hacer cumplir efectivamente prohibiciones a las importaciones realizadas con trabajo forzoso. Según la propuesta, se enfrentarían a un arancel adicional del 12,5%.

Mientras tanto, seis economías enfrentarían un arancel adicional del 10% por supuestamente no hacer cumplir efectivamente las restricciones existentes a las importaciones realizadas con trabajo forzoso.

Las seis economías son Canadá, la Unión Europea, Ecuador, Indonesia, México y Pakistán. Según el USTR, ya cuentan con medidas para restringir las importaciones realizadas con trabajo forzoso, pero no las están aplicando de manera efectiva.

“El fracaso de nuestros socios comerciales más importantes a la hora de abordar la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso es inaceptable”, dijo en un comunicado el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

“Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en un campo de juego desigual”, añadió, y pidió a los socios comerciales que hagan más para garantizar que el comercio no “aliente ni afiance el trabajo forzoso a nivel mundial”.

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En su informe, el USTR definió el trabajo forzoso como “un trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de cualquier pena por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente”.

Es probable que las medidas propuestas inquieten a socios comerciales clave de Estados Unidos, muchos de los cuales ya han enfrentado varias rondas de aranceles desde que el presidente Donald Trump regresó al poder.

La medida se produce apenas unas semanas después de que la Unión Europea alcanzara un acuerdo con Washington para limitar los aranceles sobre la mayoría de las exportaciones de la UE al 15%, tras intensas negociaciones entre los 27 estados miembros del bloque.

Trump regresó recientemente de una visita a China, donde él y el presidente chino Xi Jinping discutieron la ampliación del acceso al mercado para las empresas estadounidenses y el aumento de la inversión china en las industrias estadounidenses. Las dos partes también acordaron establecer nuevos organismos comerciales y de inversión, aunque se han publicado pocos detalles.

Los nuevos aranceles no entrarían en vigor de inmediato. Siguen sujetos a consulta y revisión pública.

La investigación se llevó a cabo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que podría permitir a la administración imponer aranceles después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara en febrero que Trump se había excedido en su autoridad al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles radicales a sus socios comerciales.

La administración ha dicho que planea apelar un fallo judicial separado que hizo que las empresas tuvieran derecho a reembolsos por los aranceles impuestos bajo el marco legal anterior.

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A principios de esta semana, Washington también propuso aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Brasil, acusando a la mayor economía de América Latina de mantener prácticas comerciales que son “irrazonables” y que “cargan o restringen el comercio estadounidense”.

Según el USTR, su investigación encontró que Brasil tenía una aplicación anticorrupción débil y mantenía políticas arancelarias injustas, entre otras preocupaciones.

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