Airbnb ha sufrido otro revés en el mercado español. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó este lunes la solicitud de medidas cautelares presentada por la compañía para suspender el pago de la multa de casi 64 millones de euros que le impuso el Ministerio de Consumo en diciembre de 2025. Como consecuencia de esta decisión, la plataforma deberá abonar la sanción mientras continúa el proceso judicial.
El fallo no entra en el fondo del asunto, sino que simplemente rechaza la solicitud de la empresa de suspender el pago hasta que se dicte sentencia definitiva. Airbnb, sin embargo, todavía tiene la intención de impugnar la multa, argumentando que va en contra del marco legal español y europeo.
La multa se impuso por una serie de infracciones relacionadas con la publicación de anuncios de alojamientos turísticos en su plataforma. Los principales fueron el listado de propiedades sin licencia, el uso de números de registro falsos o incorrectos y la falta de información precisa sobre los anfitriones, prácticas que las autoridades califican de engañosas para los consumidores.
Según el Ministerio de Consumo español, el importe de la multa equivale a seis veces el beneficio ilegal obtenido con estas prácticas. Las irregularidades afectaron también a decenas de miles de anuncios que infringían la normativa autonómica vigente en materia de alojamiento turístico.
El gobierno ha tratado de reforzar el control sobre los alquileres turísticos a corto plazo para hacer frente a la crisis inmobiliaria que afecta a España y otros mercados europeos importantes. Otros países, incluidos Francia, Italia y Portugal, también han endurecido sus normas en respuesta al impacto en el acceso a la vivienda.
