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OpenAI se enfrenta a un nuevo desafío regulatorio después de que un grupo de fiscales generales estatales exigiera una amplia gama de documentos sobre cómo ChatGPT protege a las personas que lo utilizan, una medida que llega en un momento delicado para la empresa, ya que sienta las bases para una posible cotización pública.
La investigación, que llegó pocos días después de que OpenAI presentara documentos confidenciales para una IPO, amenaza con complicar una cotización que algunos analistas esperan que valore al fabricante de ChatGPT en aproximadamente 1 billón de dólares (861 mil millones de euros).
Según The Wall Street Journal, que informó por primera vez sobre el asunto, OpenAI recibió la citación el viernes de un grupo de estados, con la investigación dirigida por el fiscal general de Nueva York.
Los funcionarios están solicitando material que cubra las prácticas publicitarias de la compañía, cómo mantiene a las personas usando su servicio, su manejo de datos de salud y de consumo, y sus políticas hacia menores y adultos mayores.
OpenAI dijo que se comunicaría con las oficinas detrás de la solicitud y enfatizó que las protecciones ya están integradas en su producto.
Un portavoz afirmó que la empresa se toma “en serio” las preocupaciones planteadas por los fiscales generales y trabaja para llevar los beneficios de la tecnología a las personas de manera responsable. Sin embargo, la firma no ha confirmado qué otros estados de EE. UU. participarán.
Creciente presión legal
La citación se suma a una lista cada vez mayor de dolores de cabeza legales.
El jueves pasado, una mujer canadiense demandó a OpenAI, culpando a ChatGPT por el suicidio de su hija. A principios de junio, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó una demanda contra la empresa y su director ejecutivo, Sam Altman, después de dos tiroteos en los que los presuntos atacantes supuestamente utilizaron el chatbot para planificar sus crímenes.
OpenAI respondió que sus modelos instaron repetidamente a las personas a buscar ayuda de profesionales de la salud mental y que cooperó con la policía en ambos casos.
Estas no son las primeras pruebas judiciales del año para OpenAI.
En mayo, un jurado federal en Oakland, California, tardó menos de dos horas en rechazar la demanda de Elon Musk que acusaba a Altman de abandonar las raíces sin fines de lucro de la empresa, al considerar que la había presentado demasiado tarde. Musk, quien calificó el fallo como un “tecnicismo del calendario”, dijo que apelaría.
La represión también se extiende a toda la industria.
Los reguladores europeos han abierto investigaciones sobre el chatbot rival de Musk, Grok, por contenido antisemita y sexualizado, incluidas imágenes deepfake.
La administración Trump le dijo a Anthropic, que también prepara una oferta pública inicial, que restringiera dos de sus modelos en el extranjero por motivos de seguridad nacional, lo que ilustra cómo la gobernanza de la IA se ha convertido en un campo de batalla político cada vez más tenso.
Fuentes adicionales • AP
