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El Gobierno aprobó este lunes, en reunión del Consejo de Ministros, un nuevo paquete de medidas para mitigar el impacto económico de la crisis internacional, al tiempo que inició formalmente los trabajos de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 mediante la actualización del marco macroeconómico. La reunión sirvió también para reforzar la estrategia del Gobierno en materia de vivienda, una de las prioridades políticas de la actual legislatura.
El nuevo decreto sustituye al anterior paquete de medidas, que debía expirar el 30 de junio. Como ya había indicado el primer ministro, el objetivo es mantener la protección de los hogares, los trabajadores y los sectores económicos especialmente expuestos a la volatilidad de los mercados energéticos derivada de la situación geopolítica en Oriente Medio.
El Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió la prórroga argumentando que “no podemos bajar la guardia”, ya que la economía sigue funcionando en un contexto de “elevada incertidumbre geopolítica”. Dijo que el gobierno seguirá apoyando a los sectores más expuestos mientras persistan los riesgos derivados de la situación internacional.
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Entre las medidas que se amplían se encuentran subvenciones de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores y ganaderos, así como diversos incentivos vinculados a la electrificación y el despliegue de energías renovables. El alcance completo del decreto será fijado por el Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros.
La aprobación se produce justo cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato flash de inflación de junio. (fuente en español)lo que sitúa la tasa anual en el 3,2%, el mismo nivel que en los dos meses anteriores. El Gobierno sostiene que las medidas adoptadas desde marzo han ayudado a contener las subidas de precios, aunque varios analistas advierten de que el curso del conflicto en Oriente Medio seguirá condicionando los costes energéticos durante los próximos meses.
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Vivienda y hoja de ruta para el presupuesto 2027
Además de la ampliación del llamado “escudo anticrisis”, el gobierno anunció un nuevo impulso a su política de vivienda.
La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Talla Elmadijo que el ejecutivo planea aprobar en julio un paquete de medidas con el que espera lograr un amplio acuerdo entre partidos en el parlamento. La iniciativa, ha explicado, incluirá medidas para regular los alquileres de corta duración, ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que bajen los alquileres y subir el IVA de los alojamientos turísticos hasta el 21%, entre otras propuestas encaminadas a mejorar el acceso a la vivienda.
Estas iniciativas se suman a la Plan Estatal de Vivienda 2026-2030aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril y dotado con una inversión total de 7.000 millones de euros, de los cuales el 60% será aportado por el Estado y el 40% por las comunidades autónomas. Entre sus objetivos, el programa pretende ampliar el parque de vivienda pública, reforzar las obras de rehabilitación y garantizar que las viviendas protegidas construidas con financiación pública permanezcan permanentemente protegidas.
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Sin embargo, la política de vivienda sigue siendo una fuente de confrontación política. La Junta de Andalucía ha iniciado un litigio jurisdiccional, argumentando que ciertos aspectos del plan nacional invaden competencias regionales, acusación que el Ministerio de Vivienda rechaza.
La actualización del marco macroeconómico es el primer paso formal para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado 2027. El Gobierno cree que estas nuevas previsiones servirán de base para configurar las cuentas públicas del próximo año, antes de aprobar el límite de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria y enviar el proyecto de ley al Parlamento, probablemente después del verano.
El Gobierno ha reiterado su intención de presentar un nuevo presupuesto para 2027, tras varios años trabajando con cuentas prorrogadas, aunque su aprobación dependerá de conseguir una mayoría parlamentaria suficiente cuando el proyecto de ley pase por el Congreso.



